La derogación del Real Decreto-ley 7/2025 supone un retorno a un vacío regulatorio para algunas cuestiones y plantea interrogantes respecto a derechos adquiridos y tramitaciones en curso instadas al amparo de una norma ahora derogada. En este artículo abordamos los criterios de derecho transitorio que deben aplicarse en defecto de previsión legal específica y realizamos un análisis casuístico de algunas previsiones del Real Decreto-ley 7/2025 que mantienen su eficacia tras la derogación.

En el debate político y legislativo global de la última década, la energía nuclear ha ocupado un lugar especialmente controvertido en cuanto a su consideración como fuente de generación de energía “limpia” y “renovable”. Por un lado, se destaca su bajo nivel de emisiones directas de gases de efecto invernadero durante la fase de generación eléctrica, lo que la situaría como una energía limpia en términos climáticos. Por otro lado, sin embargo, se cuestiona su carácter renovable, dado que utiliza combustible de origen mineral finito (uranio) y genera residuos radiactivos de larga duración. El presente artículo trata de analizar dicha evolución y enmarcar el discurso en la necesidad de seguir o no contando con la energía nuclear o incluso, potenciarla, así como las implicaciones que esto tiene en el mapa global de la transición energética.

En el contexto de los contratos vinculados al desarrollo de proyectos de generación energética y a la construcción de infraestructuras, es cada vez más común que las partes prevean mecanismos contractuales alternativos para la resolución de disputas, con el fin de evitar el recurso a la jurisdicción ordinaria o al arbitraje. Uno de los métodos más destacados en este ámbito es la remisión de las controversias a un tercero independiente.

El 28 de abril de 2025, España sufrió un cero eléctrico. A las 12:33 horas, el suministro eléctrico se interrumpió repentinamente en toda la España peninsular, Portugal continental y Andorra, llegando incluso a afectar al sur de Francia. Transcurridas ¡casi tres semanas! nadie ha dado una explicación clara de lo acontecido, ni de sus causas, ni de sus consecuencias.

Galicia cuenta con 190 parques eólicos en funcionamiento que suman un total de 3.931 MW de potencia instalada. El Plan Sectorial Eólico de Galicia prevé la instalación de 6.500 MW adicionales y el objetivo de la Agenda Energética gallega es alcanzar los 8.000 MW para 2030. Sin embargo, dos cuestiones recientes aportan complejidad al desarrollo del sector eólico gallego: la paralización de la tramitación derivada de recursos de determinadas asociaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la nueva iniciativa legislativa que obliga a repotenciar los parques.

El contrato de arrendamiento es el negocio jurídico habitualmente empleado para garantizar el uso y disfrute de las parcelas en proyectos energéticos. En este artículo analizamos los principales motivos de la calificación de defectos que con frecuencia encontramos en los contratos de arrendamiento cuando se pretende su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Análisis de la sentencia 1264/2024 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Prescripción de las acciones derivadas del régimen de responsabilidad de la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Civil. Prescripción de las acciones en supuestos de solidaridad impropia.

En la búsqueda de soluciones sostenibles para nuestras crecientes necesidades energéticas, el almacenamiento de energía se está consolidando como una pieza clave en el puzle de las energías renovables. La capacidad de almacenar y gestionar eficazmente la electricidad se ha convertido en una prioridad estratégica para hacer frente a la intermitencia inherente a las energías renovables, pues no siempre sopla el viento ni brilla el sol cuando más se necesita electricidad.

En el derecho de los negocios, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza ('environmental, social and governance', ESG, por sus siglas en inglés) han surgido como puntos clave en la agenda de las empresas. España, al igual que otros países de nuestro entorno, ha sido testigo de un cambio significativo en el panorama legal relacionado con los factores ESG. A medida que las empresas se internan en este terreno en constante evolución, es crucial comprender las implicaciones y adaptarse en consecuencia.

Reflexión sobre una interesante sentencia dictada el pasado mes de septiembre por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la que se aborda una cuestión altamente práctica relacionada con el artículo 219 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que regula las disposiciones sobre sentencias con reserva de liquidación.