Durante décadas, la energía hidráulica ha sido la gran olvidada del debate energético español. No hacía ruido político, generaba pocos titulares y aportaba algo que el sistema daba por hecho: flexibilidad, capacidad de regulación y electricidad relativamente barata. Eso está cambiando rápidamente.

La inversión en energía solar fotovoltaica se ha consolidado como una de las grandes apuestas de la transición energética. Cada año se cierran operaciones millonarias de compraventa de plantas y se firman contratos de mantenimiento que deberían garantizar la seguridad, rentabilidad y vida útil de estos activos. Sin embargo, la realidad demuestra que no todo lo que reluce es oro: tras el traspaso de la propiedad o el cambio de la empresa de Operación y Mantenimiento, muchos inversores descubren fallos ocultos, equipos infra-mantenidos o en estado de abandono y costes inesperados que reducen drásticamente la rentabilidad del proyecto.

En respuesta a los riesgos de seguridad como consecuencia de la exposición de la información gestionada por las Administraciones Públicas a ataques cibernéticos, se ha creado el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Se trata de un marco normativo que establece los principios básicos y los requisitos mínimos de seguridad en las tecnologías de la información utilizadas por las Administraciones Públicas.

España cuenta con una de las redes ferroviarias más electrificadas de Europa. Eso es positivo desde el punto de vista medioambiental y de eficiencia. Pero también implica algo muy delicado: nuestro sistema ferroviario es estructuralmente dependiente del suministro eléctrico. Y cuando la red falla —por sobrecarga, caída de tensión o falta de capacidad— los trenes simplemente se detienen.

La derogación del Real Decreto-ley 7/2025 supone un retorno a un vacío regulatorio para algunas cuestiones y plantea interrogantes respecto a derechos adquiridos y tramitaciones en curso instadas al amparo de una norma ahora derogada. En este artículo abordamos los criterios de derecho transitorio que deben aplicarse en defecto de previsión legal específica y realizamos un análisis casuístico de algunas previsiones del Real Decreto-ley 7/2025 que mantienen su eficacia tras la derogación.

En el debate político y legislativo global de la última década, la energía nuclear ha ocupado un lugar especialmente controvertido en cuanto a su consideración como fuente de generación de energía “limpia” y “renovable”. Por un lado, se destaca su bajo nivel de emisiones directas de gases de efecto invernadero durante la fase de generación eléctrica, lo que la situaría como una energía limpia en términos climáticos. Por otro lado, sin embargo, se cuestiona su carácter renovable, dado que utiliza combustible de origen mineral finito (uranio) y genera residuos radiactivos de larga duración. El presente artículo trata de analizar dicha evolución y enmarcar el discurso en la necesidad de seguir o no contando con la energía nuclear o incluso, potenciarla, así como las implicaciones que esto tiene en el mapa global de la transición energética.

En el contexto de los contratos vinculados al desarrollo de proyectos de generación energética y a la construcción de infraestructuras, es cada vez más común que las partes prevean mecanismos contractuales alternativos para la resolución de disputas, con el fin de evitar el recurso a la jurisdicción ordinaria o al arbitraje. Uno de los métodos más destacados en este ámbito es la remisión de las controversias a un tercero independiente.

El 28 de abril de 2025, España sufrió un cero eléctrico. A las 12:33 horas, el suministro eléctrico se interrumpió repentinamente en toda la España peninsular, Portugal continental y Andorra, llegando incluso a afectar al sur de Francia. Transcurridas ¡casi tres semanas! nadie ha dado una explicación clara de lo acontecido, ni de sus causas, ni de sus consecuencias.

Galicia cuenta con 190 parques eólicos en funcionamiento que suman un total de 3.931 MW de potencia instalada. El Plan Sectorial Eólico de Galicia prevé la instalación de 6.500 MW adicionales y el objetivo de la Agenda Energética gallega es alcanzar los 8.000 MW para 2030. Sin embargo, dos cuestiones recientes aportan complejidad al desarrollo del sector eólico gallego: la paralización de la tramitación derivada de recursos de determinadas asociaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la nueva iniciativa legislativa que obliga a repotenciar los parques.

El contrato de arrendamiento es el negocio jurídico habitualmente empleado para garantizar el uso y disfrute de las parcelas en proyectos energéticos. En este artículo analizamos los principales motivos de la calificación de defectos que con frecuencia encontramos en los contratos de arrendamiento cuando se pretende su inscripción en el Registro de la Propiedad.