El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevos Reales Decretos-ley en materia de vivienda que recuperan buena parte de las medidas recientemente decaídas, con algunos ajustes.

Analizamos las principales novedades introducidas por el nuevo marco normativo, incluyendo la regulación de los arrendamientos temporales, las limitaciones a determinadas adquisiciones de vivienda, la suspensión de lanzamientos en supuestos de vulnerabilidad, las modificaciones en la Ley de Vivienda, las medidas de promoción de vivienda asequible, los nuevos instrumentos de financiación y las principales novedades fiscales vinculadas al mercado residencial.

Se trata de una reforma de amplio alcance, con impacto directo en propietarios, arrendadores, inversores, promotores, entidades financieras y operadores del sector inmobiliario.

El Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución permiten a la Unión Europea alcanzar un alto nivel de integración administrativa en materia de supervisión bancaria prudencial. Con el tiempo, han surgido nuevos intereses públicos, como los relacionados con el clima y el medio ambiente, y también se han aprobado nuevas normativas para protegerlos del desarrollo de las actividades crediticias. Sin embargo, tal y como está configurado el MUS, no es el marco administrativo adecuado para supervisar determinados aspectos de la conducta de las entidades de crédito (en particular, aquellos que difieren de los prudenciales). La supervisión de las nuevas normativas bancarias, como las relacionadas con el clima y el medio ambiente, necesita un nuevo marco administrativo que garantice la eficacia de la supervisión de su cumplimiento. Estas nuevas estructuras administrativas pueden basarse en el denominado «mandato secundario» del Banco Central Europeo, como parte de las normativas prudenciales (ya estén vinculadas a los riesgos de las entidades de crédito), o en las competencias primarias de la Unión Europea para armonizar la legislación de los Estados miembros.

La Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2022, conocida como «Sentencia Saquetti», condenó al Reino de España por no garantizar el derecho al reexamen recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de la imposición de sanciones administrativas de naturaleza penal. Más allá del impacto general que esa Sentencia tiene en la articulación del recurso de casación contencioso-administrativo y su eventual necesidad de reforma, la Sentencia Saquetti determina la admisión de aquellos recursos preparados frente a resoluciones sancionadoras dictadas por organismos reguladores o de supervisión respecto de las cuales haya conocido en única instancia la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En un contexto marcado por el informe de la CNMC, las próximas grandes licitaciones y el procedimiento ante el TJUE, el sector del transporte regular de viajeros por carretera en España afronta un momento regulatorio clave: mantener el sistema concesional o avanzar hacia una mayor liberalización del mercado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia número513/2026, de 7 de abril, acaba de confirmar algo que cambia el cálculo en cualquier reclamación por morosidad: los intereses de demora de la Ley 3/2004 generan, a su vez, intereses legales desde la presentación de la demanda.

Se ha aprobado el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con una partida presupuestaria de 7.000 millones de euros. Su objetivo principal de desarrollar un sistema público de vivienda que trate de paliar las dificultades en el acceso a la vivienda mediante la construcción de vivienda pública asequible y a través de la lucha activa contra la especulación. La norma se estructura en torno a tres líneas de financiación: (i) Línea de Incremento, (ii) Línea de Rehabilitación, y (iii) Línea Social.

Durante décadas, la energía hidráulica ha sido la gran olvidada del debate energético español. No hacía ruido político, generaba pocos titulares y aportaba algo que el sistema daba por hecho: flexibilidad, capacidad de regulación y electricidad relativamente barata. Eso está cambiando rápidamente.

La inversión en energía solar fotovoltaica se ha consolidado como una de las grandes apuestas de la transición energética. Cada año se cierran operaciones millonarias de compraventa de plantas y se firman contratos de mantenimiento que deberían garantizar la seguridad, rentabilidad y vida útil de estos activos. Sin embargo, la realidad demuestra que no todo lo que reluce es oro: tras el traspaso de la propiedad o el cambio de la empresa de Operación y Mantenimiento, muchos inversores descubren fallos ocultos, equipos infra-mantenidos o en estado de abandono y costes inesperados que reducen drásticamente la rentabilidad del proyecto.

En respuesta a los riesgos de seguridad como consecuencia de la exposición de la información gestionada por las Administraciones Públicas a ataques cibernéticos, se ha creado el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Se trata de un marco normativo que establece los principios básicos y los requisitos mínimos de seguridad en las tecnologías de la información utilizadas por las Administraciones Públicas.

España cuenta con una de las redes ferroviarias más electrificadas de Europa. Eso es positivo desde el punto de vista medioambiental y de eficiencia. Pero también implica algo muy delicado: nuestro sistema ferroviario es estructuralmente dependiente del suministro eléctrico. Y cuando la red falla —por sobrecarga, caída de tensión o falta de capacidad— los trenes simplemente se detienen.